Solo Baleares y La Rioja cuentan con empresa pública, mientras que otras cuatro CCAA trabajan para lograrlo
La primera comunidad autónoma en internalizar el servicio del transporte sanitario fue Baleares. En 2018, la empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (Gsaib) asumió la gestión directa del SAMU 061, integrando toda la flota de ambulancias de soporte vital avanzado, soporte vital básico, equipos electromédicos y a 300 profesionales técnicos en emergencias sanitarias y gestores telefónicos de emergencias que desarrollan la actividad del Centro Coordinador de Urgencias 061.
De esta forma, Baleares abrió camino en España con un cambio de modelo de un servicio anteriormente externalizado mediante concursos públicos con empresas del sector, a un modelo de gestión pública integrado en el Servei de Salut de Baleares (IB-Salut). Además, Gsaib asumió en abril la gestión directa del transporte no urgente (ambulancias públicas para traslados de pacientes en servicios de rehabilitación, diálisis, tratamientos oncológicos, etc.), con una flota de 118 vehículos, un centro de gestión y coordinación y un total de más de 250 profesionales. En total, el transporte sanitario de Baleares está formado por una flota de 190 vehículos y una plantilla de 700 trabajadores.
La Rioja, segunda región en dar el paso
Este cambio de paradigma ha despertado el interés de otras comunidades autónomas por «sus buenos resultados en la asistencia extrahospitalaria de urgencias y emergencias», según la Conselleria de Salut de Baleares. De hecho, La Rioja ha realizado recientemente el cambio de modelo de gestión pública, mientras otras autonomías están analizando la posibilidad de imitar el modelo del IB-Salut.
La Rioja recobró la gestión de todo el transporte sanitario en la Consejería de Salud el pasado 1 de abril, 25 años después. De esta forma, se convirtió en la primera comunidad autónoma peninsular en llevar a cabo esta medida e integró el servicio en la empresa pública Sociedad Riojana de Cuidados Integrales, SAU. En el paraguas de este ente también se incluye la gestión del soporte vital básico, el avanzado y el transporte no asistencial, así como 230 trabajadores.
Cuatro CCAA con iniciativas en marcha
Son otras cuatro comunidades autónomas las que de alguna manera u otra tienen iniciativas en marcha para lograr internalizar la gestión del servicio del transporte sanitario, que en muchas ocasiones es un foco de conflicto entre trabajadores y empresas. Es el caso de Navarra, la que está más cerca de lograrlo, Cantabria, Cataluña y País Vasco.
La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha asegurado que se «avanza de forma decidida para la configuración de una empresa pública que gestione el transporte sanitario urgente como el programado». El compromiso es contar con la formulación y el respaldo del Gobierno «antes de fin de este año», añadió para concluir que «es una necesidad desde el punto de vista técnico de cara a mejorar las condiciones de los profesionales y pacientes en cuanto a la estabilidad que supone dotar a un sector que presenta déficits evidentes«.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de Cantabria ha estimado que la posible internalización del servicio de transporte sanitario tendría un coste de unos 18,8 millones de euros, unos 3,2 millones de euros menos de lo que sería si la gestión se mantiene en manos externas. Por esta razón, se está analizando la «viabilidad jurídica y económica» de llevar a cabo esta posible internalización de la gestión de las ambulancias, en palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga. Además del coste económico, otras ventajas serían una «mejor» prestación del servicio y también en la «calidad» del trabajo que prestan los profesionales de las ambulancias. La capacidad de tomar decisiones sería más «ágil», así como las tareas para dimensionar el servicio en función de las circunstancias.
Por último, en Cataluña la CUP ha registrado una proposición de ley para internalizar el transporte sanitario esgrimiendo que es un servicio esencial que «no puede estar en manos de empresas privadas que hacen beneficios explotando al personal y devaluando la calidad asistencial«, mientras que en el País Vasco el soporte vital básicamente es de Osakidetza, mientras que el resto de transporte sanitario está privatizado, según han explicado fuentes de CCOO a Redacción Médica.
El resto descarta sigue externalizando
Por el momento, las demás comunidades autónomas deciden continuar con el modelo tradicional y siguen externalizando la gestión del servicio del transporte sanitario. Es el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Andalucía, Canarias, la Comunidad de Madrid y Murcia.
Aragón, en palabras de su consejera de Sanidad, Sira Repollés, afirmó que la internalización del transporte sanitario urgente «no está sobre la mesa» porque en el momento actual «son más los inconvenientes que las ventajas». Entre los obstáculos, enumeró las características del territorio, la necesidad de hacerse cargo de la adquisición y mantenimiento de los vehículos y la falta de sanitarios homologados para prestarlo.
En Castilla y León, PP y Vox rechazaron que el transporte sanitario pasase a ser de gestión pública, mientras que toda la oposición ha criticado el servicio que se da a los pacientes y las condiciones de precariedad en que se encuentran los trabajadores.
La Generalitat Valenciana, a pesar de externalizar el servicio, no renuncia a que este servicio se pueda gestionar de forma directa en un futuro. Por último, el PP defiende el «modelo de éxito» de las ambulancias de Galicia para rechazar su gestión directa por el Sergas. No obstante, en Andalucía, el 061 depende del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el SES-SAMU de la Comunidad Valenciana pertenece a la Conselleria de Sanitat.
Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-gestion-publica-recupera-terreno-en-el-modelo-de-transporte-sanitario-8847
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